Por: Miriam Rizcalla de Cornejo
Luego de que fuese aprobada y sancionada -en tiempo record- la Ley 72, que permite la venta de tierras en la Zona Libre de Colón, Panamá, las protestas no se hicieron esperar y han ido en aumento. Grandes pérdidas económicas y tres víctimas, entre varios heridos, son las consecuencias de una decisión apresurada e inconsulta.
La ciudadanía en general reaccionó en disconformidad a tal medida. El presidente de la república, Ricardo Martinelli, llegó a Panamá procedente de Alemania, firmó su aprobación y viajó nuevamente hacia Japón y Vietnam, donde aún se encuentra.
Hoy la noticia es que a su regreso la Ley 72 será derogada en vista de los disturbios registrados en el país. Un bochorno más para el gobierno que se permite a sí mismo exponerse a situaciones como éstas que sólo contribuyen a ridiculizarlo y mermar el debilitado respeto de la población.
Cierto es que la forma en que se manejaron las cosas no fueron de las mejores y por lo tanto es comprensible el repudio general por lo sucedido. Asumiendo que la intención fuera positiva para impulsar económica y socialmente a una olvidada provincia de Colón, la manera precipitada en que todo se dio sólo sirvió para vender un mensaje errado. El sentir de muchos es que el gobierno se quedó sin fondos para culminar varios de sus proyectos paralizados y "qué mejor que vendiendo esas tierras para tener de donde agarrar" aseguran algunos. Cierto o no, son los mismos gobernantes los responsables por lo que ahora se vive en Panamá.
Sin embargo, a pesar de cuestionar y rechazar la arbitrariedad en todo este asunto, lo que hoy se muestra a través de los medios informativos es totalmente indefendible. Una cosa es tener derecho a disentir, a protestar y salir a las calles para mostrar, como pueblo, su sentir, y otra muy distinta es el vandalismo, la delincuencia y el aprovechamiento para sacar ventaja de una situación como lo están haciendo ahora.
Esos individuos que destruyen almacenes para extraer lavadoras, estufas y cuantos artefactos les sea posible no son más que una burda de delincuentes que poco o nada les importa lo que sucede en Colón, delincuentes que se aprovechan de la mínima situación para destrozar el comercio, su gente y todo lo que se ponga por delante. Esto, específicamente, es responsabilidad directa de quien comete el delito, pues son muchos los manifestantes y no todos actúan igual.
La gente sí tiene derecho a disentir, salir y protestar, pero en forma pacífica, sin agresiones que pongan en riesgo la vida de los demás. De igual manera, la policía debe guardar distancia y no agredir a nadie mientras todo se desenvuelva con tranquilidad. El problema son aquellos revoltosos que todo lo echan a perder. Cientos, miles de personas marchando pacíficamente en las calles son imposibles de ignorar!
El presidente Martinelli y el presidente del Legislativo anunciaron que la controversial ley será derogada y esto, lejos de aplacar los ánimos, parece haber enardecido aún más a los manifestantes. ¿Qué pasa ahora? ¿Es que no quieren poner fin a tanta inestabilidad? El que mucho espera, espera lo poco. ¿No pueden esperar a que todos se sienten a discutir nuevamente el asunto y, en efecto, vuelva todo a como estaba en sus inicios? Eso es lo que se anuncia hoy, pero tal parece que el nuevo aviso fue como echar leña al fuego, ¿quién los entiende!
Lo lamentable en medio de todo, es que mientras elogios y excelentes observaciones se hacen de Panamá en el extranjero por su rápido crecimiento económico -el tigre centroamericano como le calificara BBC Mundo de Londres- también circulen mensajes violentos, como lo que se vive en los últimos días, esto genera confusión. Que un buen diálogo los lleve a encontrar la solución al conflicto. Que los grandes avances logrados hasta ahora no se empañen con procedimientos equivocados como el que hoy mantiene en zozobra al país.
